"Mujeres y el Crimen Transnacional Organizado: del empoderamiento a la acción - Women and CTO: from empowerment to action"

A pesar de los marcos legales y normativos internacionales, en América Latina, la presencia de mujeres en altos cargos dentro de los Poderes del Estado ha avanzado de manera gradual. Las mujeres representan el 23,3 % de los miembros del Gabinete que dirigen ministerios en 2024, un incremento de menos de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2023. Además, su liderazgo sigue estando concentrado en carteras relacionadas con la igualdad de género, la mujer, la familia, la infancia, los asuntos sociales y aquellos relacionados con pueblos indígenas y minorías. Por el contrario, ámbitos como los asuntos económicos, la defensa, la justicia y los asuntos internos continúan predominados por hombres (UNWOMEN, 2024).

De forma similar, las instituciones de administración de justicia reflejan una brecha de género significativa. Entre 1900 y 2021, la presidencia de las altas cortes del Poder Judicial estuvo ocupada solo por 43 mujeres, de un total de 4.057 magistrados y magistradas (Castagnola y Pérez-Liñán, 2021). 

En el ámbito policial, los datos de la ONUDC de 2018 revelan que la representación de mujeres entre los agentes de policía varía entre el 3 % y el 37 % en los países estudiados. Aunque estas cifras son bajas, se ha reconocido que la participación de mujeres en las fuerzas del orden tiene un impacto positivo en varios aspectos. Su presencia no solo mejora los servicios policiales y aumenta la eficacia operativa, sino que también contribuye a generar una mayor confianza entre las comunidades atendidas por estas agencias. 

Las mujeres en estos roles a menudo aportan enfoques más empáticos y colaborativos, lo que resulta crucial en la resolución de conflictos, además enriquece la diversidad de perspectivas en la toma de decisiones y en la aplicación de medidas operativas. Es fundamental erradicar las barreras estructurales que limitan la inclusión femenina, así como empoderar a mujeres para ocupar cargos de decisión en instituciones de justicia y seguridad, establecer programas de formación y sensibilización que permitan integrar enfoques con perspectiva de género en todos los niveles de estas instituciones y así generar estrategias más efectivas para enfrentar los desafíos del crimen organizado.