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Periodo de referencia: de septiembre de 2024 a septiembre de 2025

En la República Argentina, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han constituido históricamente un actor clave en la política pública, especialmente en el ámbito de las políticas sociales y en el diálogo social vinculado a la política laboral. Asimismo, han sido protagonistas tanto en los momentos de crisis política de 2001 como en la reconstrucción de la matriz productiva, social y ciudadana durante la primera década del siglo XXI. Esta trayectoria de participación activa configura un antecedente relevante en relación con el ambiente habilitante, el cual ha sido puesto en tensión a partir de la asunción del gobierno de La Libertad Avanza en diciembre de 2023.Desde entonces, el ambiente habilitante para la sociedad civil en Argentina ha sufrido un deterioro significativo: el gobierno argentino continua avanzando una narrativa de desprestigio hacia organismos multilaterales como las Naciones Unidas y su Agenda 2030, así como restricciones impuestas a partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, al periodismo y la libertad de prensa, el cooperativismo y OSC. Esta tendencia se tradujo en la eliminación de instituciones claves como el Ministerio de Mujeres y Diversidades, interviniendo en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, negando la legitimidad de las agendas de derechos humanos y equidad de género. 

Una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desmantelamiento del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados. En términos de producción, el Gobierno ha eliminado por completo las obras públicas, lo que afecta directamente al sector de la construcción. En la misma línea, el Gobierno mantiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar su plantilla. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, el número de empleados del sector público se redujo en 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 14,7 %. Añadiendo además un proyecto de ley de reforma educativa que elimina el papel del Estado, recorta la financiación de la educación pública, restringe el derecho a la educación básica de amplios sectores de la sociedad y socava la pluralidad de voces en el sistema educativo con el falso pretexto de prevenir el adoctrinamiento de izquierdas.

A esto se suma la aprobación de reformas regresivas, que entre otros efectos, profundizan la desigualdad económica. El Decreto de Necesidad y Urgencia  DNU 70/2023  establece la desregulación económica, laboral y sanitaria y otorga poderes arbitrarios al Poder Ejecutivo, así como la posterior “Ley Bases” que consta de 238 artículos, entre los que se incluyen temas como la declaración de emergencia, poderes extraordinarios temporales al Poder Ejecutivo, la reforma del Estado, la reforma laboral y la energética y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones -RIGI.

Varias de las iniciativas políticas del Gobierno de Milei han sido en respuesta a las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo de facilidad ampliada de fondos con el FMI se firmó en abril de 2025, asciende a 20 000 millones de dólares estadounidenses e incluye entre sus condiciones una reforma de las pensiones, una reforma laboral para aumentar la flexibilidad, el despido del 10 % de la plantilla de la función pública, la suspensión inmediata de la mayoría de los controles de capital y la suspensión del impuesto a la exportación de cereales y soja, los únicos mecanismos para la distribución equitativa de los ingresos extraordinarios a los sectores más pobres y para financiar la protección social.

Durante 2025, la revisión de las políticas económicas se aceleró aún más con la presentación de un proyecto de ley de reforma laboral que tiene por objeto desmantelar el poder sindical, establecer un régimen laboral flexible e institucionalizar la precariedad en el mundo del trabajo. El contexto de crisis social resultante ha derivado en un aumento de las protestas y una creciente militarización del espacio público, reforzando un entorno de hostilidad y riesgo para las OSC. 

El Gobierno argentino ha evitado deliberadamente establecer mecanismos de diálogo con la sociedad civil, desmantelando canales institucionales, con fuerte capilaridad territorial como por ejemplo, la desarticularon de las mesas de articulación territorial que permitían a las OSC locales intervenir en casos de violencia de género. Al mismo tiempo, el entorno propicio se ha visto gravemente afectado por la promoción de políticas represivas, como el Protocolo de Seguridad (Res. 943/2023), que permite el desarrollo de sistemas de vigilancia y control de los manifestantes y el registro de organizaciones, violando la Ley Nacional de Inteligencia y afectando gravemente al derecho de reunión pacífica, una libertad fundamental de la sociedad civil. 

Asimismo, se han producido restricciones a la libertad de expresión y protesta, represión, concentración del poder y debilitamiento de políticas públicas con enfoque de derechos.