Chile Country Focus Report

El siguiente reporte se enmarca entre dos períodos políticos en Chile: por una parte, abarca el fin del gobierno del presidente Gabriel Boric (hasta el 11 de marzo de 2026), el cual se caracterizó por un impulso a la participación y el diálogo con la sociedad civil, considerándola como un pilar fundamental para fortalecer la democracia y mejorar las políticas públicas. En términos institucionales, se registró un incremento del 18% de participación en los Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), y un aumento del 300% en la participación en consultas ciudadanas (cifra distribuida en sus cuatro años de mandato). Además, se impulsó un proceso participativo para reformar la Ley 20.500, que regula la participación ciudadana, recogiendo las propuestas de más de 6.600 personas. En contraposición, el Caso Convenios ocurrido durante este período, continúa teniendo consecuencias en la sociedad civil, sobre todo en cuanto a confianza, acceso a recursos y los discursos que sobre esta, y este año hay nuevos estudios que empiezan a reflejar su impacto a largo plazo.

En marzo de 2026 asume el poder el presidente José Antonio Kast (Partido Republicano, 2026-2030), quien inició su mandato retirando una serie de decretos que habían sido presentados por el gobierno anterior, pero de los cuales aún no tomaba razón la Contraloría General de la República, y que apuntaban a áreas protegidas a nivel medioambiental, protección de fauna chilena en peligro de extinción, y la firma de una serie de decretos con fuerza de ley que han afectado directamente el financiamiento de ministerios clave (como Salud, Vivienda y Educación), al mismo tiempo que su coalición ha promovido proyectos de ley en materias como derechos medioambientales, derechos LGBTIQA+, derechos migrantes, derechos de personas indígenas y derechos digitales, sin la debida consideración de la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil en su formulación.

También se ha caracterizado por el embargo de cuentas mediante la Tesorería General de la República a deudores de créditos universitarios, y el proyecto que busca crear el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. Por otro lado, la Ley 20.500 de Participación Ciudadana tuvo una actualización a partir del Instructivo Presidencial N°004, que deja a criterio de cada entidad pública la cantidad de sesiones de los COSOC, algo que anteriormente era una obligación medible.

Como resultado de estos primeros meses de cambio de gobierno, han aumentado exponencialmente las alertas desde Chile, reflejando un entorno habilitante para la sociedad civil abierto, pero con ciertos riesgos y aspectos a monitorear para relevar avances o retrocesos. La preocupación de la ciudadanía se refleja en la última encuesta Plaza Pública de Cadem (segunda semana de julio 2026) que sitúa al Presidente de la República solo con un 38% de aprobación, versus un 58% de desaprobación, y un clima de incertidumbre en el país, ya que la evaluación negativa de la situación económica personal y familiar, medido en la misma encuesta, alcanzó su nivel más alto desde 2014, situándose en un 56%. Esto también se ve reflejado en la séptima edición de la encuesta “Sueños y temores de los chilenos”, realizada por la Mutual de Seguros de Chile en alianza con Cadem y la Universidad Adolfo Ibáñez. El estudio presentado en julio de 2026 señala que el 55% de los chilenos manifiesta temor frente a la inestabilidad laboral y económica del país, estadística que subió 20 puntos porcentuales desde su última edición en agosto del año 2025.

1. ^

    El Caso Convenios, también conocido como Caso Fundaciones, es un caso de malversación de fondos públicos dado a conocer en 2023. Inició con el hallazgo del traspaso directo de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva, cuyos integrantes pertenecían a la coalición oficialista del gobierno de Gabriel Boric. Esto abrió toda una línea de investigación a otras 53 fundaciones de diferentes corrientes políticas.

2. ^

    El profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica de Chile, Felipe Bravo señala que la Tesorería General de la República “está ejecutando un procedimiento que fue diseñado para el cobro ejecutivo de deudas tributarias, en que los derechos que puede ejercer el ejecutado se encuentran muy limitados, lo que puede afectar las garantías del debido proceso”. Más información en: https://www.uc.cl/academia-en-los-medios/embargos-por-deudas-del-cae/ 

3. ^

    Instructivo presidencial de Participación Ciudadana, actualizado en abril de 2026 por José Antonio Kast https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2026/05/Instructivo-Presidencial-de-Participacion-Ciudadana.pdf 

4. ^

    Así lo señala Danae Mlynarz, directora de RIMISP y miembro de la Red por la Participación. https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2026/05/20/participar-para-que-quince-anos-de-la-ley-20-500-y-el-retroceso-silencioso/