Costa Rica Resumen del entorno propicio

El gobierno saliente, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, quien asumió el cargo en mayo de 2022 y entregará el poder el 8 de mayo de 2026, se ha caracterizado por tener tintes autoritarios. A lo largo de su mandato, la administración se mantuvo en constante conflicto con algunos medios de comunicación, el Congreso, el Poder Judicial y organismos de control como la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República. Las relaciones con la sociedad civil también se deterioraron- Los periodistas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los defensores de la comunidad LGBTQ+ se enfrentaron a la estigmatización y a una reducción del apoyo institucional.

En las elecciones generales de febrero de 2026, los costarricenses eligieron a Laura Fernández como su próxima presidenta. Fernández basó su campaña en la continuidad de muchas de las prioridades políticas de Chaves, especialmente en materia de seguridad pública, y ha sido descrita por los observadores como una populista de derecha y sucesora política de la agenda de Chaves. Aunque algunos críticos han expresado su preocupación por que su presidencia pueda reforzar elementos del estilo confrontativo observado en la administración saliente, los primeros discursos públicos de Fernández como presidenta electa han hecho hincapié en el diálogo nacional, el respeto a las libertades democráticas y la cooperación con otras instituciones, lo que apunta a un posible esfuerzo por moderar el tono de la gobernanza.

Durante la campaña, Fernández instó a los votantes a conseguir 40 escaños en la Asamblea Legislativa para impulsar reformas estructurales de gran alcance. En su primer discurso tras ganar las elecciones, presentó su proyecto como el inicio de una «Tercera República». Sin embargo, su bloque obtuvo finalmente 31 escaños, por debajo de los 38 votos necesarios para convocar una Asamblea Constituyente. Como resultado, la nueva administración podría aprobar reformas significativas, pero carece de la mayoría calificada necesaria para un cambio constitucional profundo.