DIRECTRICES ASPIRE SOBRE ACCIONES DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN FRENTE AL COVID-19 LIBRES DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO

DIRECTRICES ASPIRE SOBRE ACCIONES DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN FRENTE AL COVID-19 LIBRES DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO

Introducción

La pandemia del COVID-19 es un desafío mundial que ha exacerbado las desigualdades existentes en todas las regiones del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido que " los más pobres y los más vulnerables son los más afectados por la pandemia" y es necesario "que todas las partes interesadas colaboren en los planos nacional, regional y mundial para asegurar que no se deje a nadie atrás". El Secretario General de las Naciones Unidas ha señalado que "[l]a crisis de la COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad de quienes menos protecciones gozan en la sociedad, y está poniendo de relieve las profundas desigualdades económicas y sociales y las deficiencias de los sistemas de salud y protección social que exigen una atención urgente como parte de la respuesta de salud pública. Las mujeres y los hombres, los niños, los jóvenes y las personas de edad, los refugiados y los migrantes, los pobres, las personas con discapacidad, las personas detenidas, las minorías y las personas LGBTI, entre otros grupos, padecen consecuencias muy distintas. Tenemos la obligación de asegurarnos de que todos estén protegidos e incluidos en la respuesta a esta crisis".

Las personas, comunidades y poblaciones víctimas de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género forman parte de quienes arriban a esta lucha enfrentando un legado que condena a una proporción significativa de ellas a la exclusión y la pobreza. A este respecto, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir y, en su caso, mitigar el impacto de la crisis. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha advertido que "si los Estados no actúan dentro del marco de los derechos humanos, existe un riesgo evidente de que las medidas adoptadas vulneren los derechos económicos, sociales y culturales y aumenten el sufrimiento de los grupos más marginados".

Desde el inicio de la pandemia, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género (IE SOGI) ha estado supervisando las formas en que la pandemia está generando impacto sobre las personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Como parte de este proceso, llevó a cabo un proceso de consulta e investigación entre marzo y mayo de 2020, el cual incluyó tres reuniones abiertas el 30 de abril y el 1 de mayo de 2020, y su participación en más de media docena de consultas y reuniones virtuales con activistas, defensores de derechos humanos, líderes de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales y académicos: en total, más de 500 personas de más de 75 países aportaron evidencia y evidencia anecdótica sobre las implicaciones de la pandemia en lesbianas, personas gay, bisexual, trans y de género-diversas (LGBT).

Adicionalmente, el IE SOGI examinó más de 80 informes, documentos y ensayos publicados en el período comprendido entre el 1o de marzo y el 31 de mayo de 2020 sobre el impacto específico del COVID-19 en las personas LGBT, así como las denuncias de violaciones de los derechos humanos presentadas al mandato en el marco del procedimiento de comunicación y la globalidad de la labor realizada por los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas.

El marco que se ha identificado a través de este proceso es claro: para ser eficiente y eficaces, las medidas deben adoptarse dentro de un enfoque basado en los derechos humanos y enmarcarse en los principios de igualdad y no discriminación, participación, indivisibilidad, empoderamiento y rendición de cuentas; además, las medidas deben ser necesarias para combatir la crisis de salud pública creada por la pandemia, deben ser razonables y proporcionadas. Las atribuciones de emergencia para hacer frente a la pandemia no deben ser objeto de abuso y deben levantarse tan pronto como ya no sean necesarias, y cumplir con los procedimientos de notificación y excepción pertinentes establecidos en los respectivos tratados de los que los Estados son partes.

Lo más importante es que todas las medidas deben respetar la dignidad inherente de todas las personas.