La Hora de EL PACCTO 2.0

A pesar de los marcos legales y normativos internacionales, en América Latina, la presencia de mujeres en altos cargos dentro de los Poderes del Estado ha avanzado de manera gradual. Las mujeres representan el 23,3 % de los miembros del Gabinete que dirigen ministerios en 2024, un incremento de menos de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2023. Además, su liderazgo sigue estando concentrado en carteras relacionadas con la igualdad de género, la mujer, la familia, la infancia, los asuntos sociales y aquellos relacionados con pueblos indígenas y minorías. Por el contrario, ámbitos como los asuntos económicos, la defensa, la justicia y los asuntos internos continúan predominados por hombres (UNWOMEN, 2024).

De forma similar, las instituciones de administración de justicia reflejan una brecha de género significativa. Entre 1900 y 2021, la presidencia de las altas cortes del Poder Judicial estuvo ocupada solo por 43 mujeres, de un total de 4.057 magistrados y magistradas (Castagnola y Pérez-Liñán, 2021). 

En el ámbito policial, los datos de la ONUDC de 2018 revelan que la representación de mujeres entre los agentes de policía varía entre el 3 % y el 37 % en los países estudiados. Aunque estas cifras son bajas, se ha reconocido que la participación de mujeres en las fuerzas del orden tiene un impacto positivo en varios aspectos. Su presencia no solo mejora los servicios policiales y aumenta la eficacia operativa, sino que también contribuye a generar una mayor confianza entre las comunidades atendidas por estas agencias. 

Las mujeres en estos roles a menudo aportan enfoques más empáticos y colaborativos, lo que resulta crucial en la resolución de conflictos, además enriquece la diversidad de perspectivas en la toma de decisiones y en la aplicación de medidas operativas. Es fundamental erradicar las barreras estructurales que limitan la inclusión femenina, así como empoderar a mujeres para ocupar cargos de decisión en instituciones de justicia y seguridad, establecer programas de formación y sensibilización que permitan integrar enfoques con perspectiva de género en todos los niveles de estas instituciones y así generar estrategias más efectivas para enfrentar los desafíos del crimen organizado.

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Despite international legal and regulatory frameworks, in Latin America, the presence of women in high-ranking positions within the branches of government has advanced gradually. Women represent 23.3% of cabinet members heading ministries in 2024, an increase of less than 0.5 percentage points compared to 2023. Additionally, their leadership remains concentrated in portfolios related to gender equality, women, family, childhood, social affairs, and matters concerning indigenous peoples and minorities. In contrast, areas such as economic affairs, defense, justice, and internal affairs continue to be male-dominated (UNWOMEN, 2024).

Similarly, judicial administration institutions reflect a significant gender gap. Between 1900 and 2021, the presidency of high courts within the judiciary was held by only 43 women, out of a total of 4,057 magistrates (Castagnola and Pérez-Liñán, 2021).

In policing, UNODC data from 2018 reveals that the representation of women among police officers ranges from 3% to 37% in the countries studied. Although these figures are low, it has been recognized that women's participation in law enforcement has a positive impact in several aspects. Their presence not only improves police services and increases operational efficiency but also fosters greater trust among the communities served by these agencies.

Women in these roles often bring more empathetic and collaborative approaches, which are crucial in conflict resolution. Furthermore, they enrich the diversity of perspectives in decision-making and the implementation of operational measures. It is essential to eliminate structural barriers that limit female inclusion, as well as to empower women to occupy decision-making positions in justice and security institutions. Moreover, establishing training and awareness programs to integrate gender-sensitive approaches at all levels of these institutions is key to generating more effective strategies to address the challenges of organized crime.

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