La extorsión sexual, una forma soterrada de corrupción
Artículo escrito en el periódico El País por Ana Linda Solano, Borja Díaz Rivillas 1 de Junio de 2022
Ocurrió en México, en los primeros meses tras el estallido de la pandemia de Covid-19. Como en otros lugares del planeta, la imagen de hospitales colapsados con interminables listas de espera estaba a la orden del día. Ser atendido con prontitud por los servicios médicos marcaba la diferencia entre la vida o la muerte. Una joven acudió de urgencia a un hospital público con su madre enferma. Según la denuncia posterior, un paramédico que las acompañaba en la ambulancia le dijo a la joven que, a cambio de practicarle sexo oral, su madre sería recibida de inmediato por un doctor.
Este caso fue registrado en 2020 en la plataforma digital del Tecnológico de Monterrey, creada para denunciar actos de corrupción y errores en la atención a enfermos de la Covid-19 en hospitales y centros de salud.
El suceso nos permite reflexionar sobre formas específicas de corrupción que, con frecuencia, se encuentran normalizadas, permanecen ocultas y rara vez se denuncian o reciben castigo. Es el caso de la sextorsión o extorsión sexual, un delito con sesgo de género, dado que afecta de manera especial a las mujeres y niñas, especialmente a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El término 'sextorsión' fue acuñado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas para describir una práctica delictiva que se produce cuando personas en posiciones de autoridad en cualquier ámbito, público o privado, buscan obtener sexo a cambio de algo que esté en su poder conceder. Se trata de una modalidad de corrupción en la cual el sexo es la moneda de cambio y que, en la inmensa mayoría de los casos, sufren las mujeres.
En la extorsión sexual confluyen el abuso de autoridad y el 'quid pro quo' de la corrupción, pero también la coacción psicológica, la agresión sexual y la violencia contra la mujer.
La corrupción tiene predilección por personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de la sextorsión, éstas son variadas: migrantes que temen ser expulsadas si no acceden a favores sexuales de los funcionarios que llevan sus expedientes; mujeres coaccionadas por jueces en casos de custodia o en procesos de tipo penal; mujeres presionadas por policías para dar carpetazo a denuncias presentadas contras ellas; alumnas a merced de sus profesores; mujeres que tienen necesidades económicas acuciantes o precisan encontrar trabajo.
Estamos frente a un fenómeno global. En el ámbito de la trata para la explotación sexual en América Latina, el acceso a sexo gratuito con las mujeres y niñas explotadas es, a menudo, la contrapartida que los explotadores ofrecen a policías, jueces, fiscales o inspectores municipales para que su negocio criminal pueda operar con impunidad.
Recientemente, un oficial de policía de Nueva de York fue acusado de proteger una red de trata que explotaba mujeres y niñas mexicanas que viajaban a los Estados Unidos con la falsa promesa de un trabajo y que eran obligadas a ejercer la prostitución. A cambio, el policía era premiado con sexo gratis.
En Reino Unido, una investigación puso de manifiesto conductas de extorsión sexual entre agentes de la Policía Metropolitana de Londres. Según los documentos, publicados bajo las leyes de libertad de información, una víctima de violación se quejó de que el oficial a cargo de la investigación "se aprovechó de su vulnerabilidad y tuvo relaciones sexuales con ella en dos ocasiones". El oficial fue posteriormente despedido.
La sextorsión se da igualmente en el espacio privado. Baste mencionar un reciente caso en Estados Unidos en el que un farmacéutico facilitaba medicinas a cambio de sexo. Se han identificado episodios de coacciones a estudiantes de profesores en colegios y universidades privadas, donde se solicitaban favores sexuales para aprobar el curso. La educación es uno de los sectores más expuestos, como destacaba el reciente artículo de opinión de The New York Times titulado What´s wrong with sex between professors and students? It´s not what you think.
En la actualidad, las leyes no ofrecen respuestas integrales para la sextorsión. Aunque tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se refieren a los beneficios indebidos de la corrupción, sus textos no mencionan específicamente el sexo como moneda de cambio. Según los estudios de Transparencia Internacional, la mayoría de las normativas anticorrupción se enfocan en gran media hacia sobornos financieros o ganancias de propiedad, lo que significa que otros beneficios indebidos, como el sexo, quedan al margen de estas legislaciones o no son tenidos en cuenta por los operadores del sistema de Justicia.
Es conocida la falta de datos empíricos que permitan dimensionar la amenaza. Esto sucede, en parte, por factores socio-culturales. Tal es el caso de la normalización de conductas que serían consideradas ejemplos de sextorsión; el sentimiento de vergüenza por parte de la víctima; el desconocimiento sobre que la contraprestación solicitada es ilegal; el miedo a denunciar o la desconfianza en las autoridades. Igualmente, se dan situaciones en las que componente de corrupción queda invisibilizado, lo que hace que los casos sean canalizados en la Administración de Justicia como acoso o violencia sexual.
A la vista de lo expuesto, es urgente impulsar campañas de comunicación, sistematizar los casos de extorsión sexual y mejorar la calidad de los diagnósticos, creando observatorios nacionales e internacionales, al tiempo que se fomentan las actuaciones de actores claves del Estado y de la sociedad civil enfocadas a mejorar la gestión del conocimiento obtenido.
Existen esfuerzos relevantes en este sentido, como los impulsados desde la iniciativa Mujer y corrupción del programa de la Unión Europea EUROsociAL+. Desde el programa se están sistematizando casos en América Latina, se promueven cambios normativos y se ha impulsado el posicionamiento del tema tanto en las agendas nacionales anticorrupción, como son los casos de Perú y Chile, como en la esfera internacional, en espacios como Ungass 2021, de la mano de la Red de Fiscales contra la Corrupción de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp). Igualmente, se capacita y se sensibiliza a operadores de justicia y a diferentes actores de la sociedad civil. Se ha creado una comunidad de práctica en la plataforma de la Comisión Europea Capacity4dev bajo el nombre 'Mujer y Corrupción', que organiza y difunde todo el conocimiento acumulado sobre la temática gracias al intercambio de experiencias entre operadores del sistema de Justicia, la Academia y la sociedad civil especializada en la cuestión. Además, desde EUROsociAL+ se utilizan expresiones artísticas como la pintura y la música como vehículo de expresión de las víctimas.
'Cuando dejaré de ser objeto', obra de la artista peruana Aisha Asconiga.
Resulta también imprescindible avanzar hacia una mejor tipificación de estos delitos. En esa línea, los órganos parlamentarios de Chile, con un tipo específico, y de Perú, con una agravante específica, están tramitando sendas reformas del Código Penal para optimizar el castigo de prácticas de extorsión sexual cometidas por funcionarios públicos.
La elaboración de una ley modelo para la tipificación de la sextorsión a través de mecanismos regionales, como el Parlamento Latinoamericano y Caribeño o la Organización de los Estados Americanos (OEA), ayudaría a los países de la región a impulsar una lucha más efectiva contra este fenómeno.
En definitiva, debemos romper con las concepciones tradicionales de corrupción, dar voz a las víctimas, resarcirlas del perjuicio causado por el abuso de poder y ser capaces de prevenir estos casos tan dañinos. Como sociedad, tenemos que entender los factores que permiten que el sexo se convierta en moneda de pago para que las mujeres o las niñas, especialmente aquéllas en situación de vulnerabilidad, accedan a determinados bienes y servicios. Solo así podremos combatir con éxito semejante lacra y contribuir no sólo a la seguridad, sino también al empoderamiento y a la igualdad de las mujeres, en América Latina y en el mundo.
Lee el artículo original escrito en el periódico El País por Ana Linda Solano, Borja Díaz Rivillas 1 de Junio de 2022 aquí