Respuesta interinstitucional a las Violencias de Género en el contexto de la crisis sanitaria covid19

WEBINAR MODULO 2: SANCIÓN DE VIOLENCIAS  DE GÉNERO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID19

23 de junio de 2020

Este segundo webinar tendrá como actores principales al personal en la administración de justicia, policial y funcionariado responsable de la aplicación de la ley, sanción y eliminación de la violencia de género, especialmente contra mujeres y niñas. Se analizará cómo se han adaptado los/as operadores/as de justicia a la crisis y cuáles son las perspectivas y dificultades post-cuarentena. Asimismo se analizaran la disminución/aumento de denuncias, medidas u órdenes de protección y el tratamiento y sanción a los feminicidios en el aislamiento social.

Contexto

Hay que partir de la afirmación realizada por ONU Mujeres: la violencia de género contra las mujeres y niñas es, en sí misma, una pandemia. Una pandemia que existía previamente a la del COVID-19 y que ahora ha quedado a la sombra y se está agravando.[1]

De acuerdo con datos previos al COVID-19, diariamente en el mundo son asesinadas 137 mujeres y niñas por un integrante de su familia y en los últimos 12 meses, 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física por parte de un compañero sentimental. Con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el bienestar y los derechos de las mujeres y niñas.[2]

Si bien, las medidas de salud pública tomadas durante la pandemia de COVID-19, tales como las medidas de aislamiento y/o cuarentenas, el cierre de escuelas y centros laborales, la suspensión o reducción de las labores estatales y la canalización de recursos hacia la provisión de servicios de emergencia, son necesarias para la protección de una variedad de derechos –particularmente el derecho a la salud de las personas. Éstas tienen que diseñarse y ejecutarse con perspectivas de género, niñez e interseccionalidad, entre otras, con el objetivo de que no lleven a la desprotección de otros derechos, como lo son el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia, a la protección y el acceso a la justicia —los cuales son claves para tutelar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad.[3]

Se ha observado y documentado, no solo durante la pandemia del COVID-19[4], que en situaciones de similares[5], la violencia de género en el ámbito familiar o doméstico se agrava aún más por las medidas de aislamiento, la falta de acceso a sus redes familiares y sociales, el aumento de la tensión que puede culminar en violencia derivado de las crisis económicas y la dificultad para acceder a los servicios de prevención, atención y sanción de la violencia; por lo que, las posibilidades de abandonar o resistir relaciones de violencia  de género disminuyen, aumentando la vulnerabilidad de las mujeres y niñas a padecerla, llegando hasta el feminicidio/femicidio. Además, el miedo a la infección, la restricción de movimiento, la violencia policial y los disturbios públicos son factores que pueden evitar que las víctimas intenten presentar denuncias o solicitar medidas de protección.[6]

Particularmente, tratándose de los servicios de protección y acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género, se observa que los problemas estructurales que se tenían previamente para enfrentar la violencia de género por parte de los Estados se han agravado durante la pandemia del COVID-19, entre otras, por las siguientes razones:

• la existencia de menos intervenciones policiales porque éstas se encuentran enfocadas a controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias y/o las policías no están especializadas o capacitadas para la correcta intervención en casos de violencia de género;
• los mecanismos de denuncia no son del todo accesibles o no existe una buena estrategia de difusión y comunicación sobre su funcionamiento y acceso; el personal de las Fiscalías se encuentra reducido y/o no cuenta con las medidas necesarias de protección para realizar sus labores de investigación; existe poca o nula coordinación o comunicación con las autoridades de seguridad pública y/o las autoridades de investigación forense, entre otros;
• el cierre parcial o total en las actividades de los juzgados y tribunales y/o los servicios específicos que brindan para la atención de los casos de violencia de género no están habilitados o se encuentran reducidos por ejemplo para el otorgamiento de medidas de protección en materia penal y/o familiar, llevar a cabo o darle continuidad a los procesos penales por delitos cometidos en contextos de violencia de género, decretar el pago de pensiones alimenticias y convivencias supervisadas, realizar o darle continuidad a los procesos para otorgar la patria potestad o guardia y custodia y los divorcios;
• la ausencia de acciones, criterios, lineamientos, mecanismos, protocolos, planes, etc., específicos para garantizar la protección y el acceso a la justicia para las víctimas de delitos de violencia de género cometidos en el ámbito público, como pueden ser la violación, el acoso sexual, el hostigamiento, las amenazas, las lesiones, la trata de personas y la explotación humana, el trafico de personas, las desapariciones, el secuestro, la tortura y feminicidio/femicidio; y
• la reducción o re-orientación de los presupuestos originalmente asignados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, para hacer frente a las crisis económicas de los países. Así como, la ausencia de acciones, criterios, lineamientos, mecanismos, protocolos, planes, etc., para darle continuidad a la protección y acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género una vez que se retomen los procesos de retorno a la normalidad o nueva normalidad, es decir post COVID-19.

Derivado de lo anterior, es importante no solo hablar de los obstáculos y retos encontrados para proteger y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género durante el COVID-19 sino también hablar de las buenas prácticas implementadas y los resultados obtenidos, en la medida de las posibilidades. Así como, plantear los próximos escenarios que enfrentaran las instituciones para realizar sus labores en materia de protección y acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género, post COVID-19.

Objetivo General:

Generar un espacio de diálogo y redes de colaboración entre Europa y América Latina entre los diferentes actores/trices, especialmente el personal en la administración de justicia, policial y funcionariado responsable de la aplicación de la ley, sanción y eliminación de la violencia de género, especialmente contra mujeres y niñas, en el contexto de la pandemia COVID19.

Objetivos Específicos:

• Conocer principales retos y buenas prácticas de articulación de toda la cadena de justicia con perspectiva de género: desde la atención hasta el mejoramiento de la sanción.
• Transmitir buenas prácticas de acceso a la justicia desde la atención de denuncias, la asesoría legal y la sanción penal y civil en el contexto de la pandemia.  
• Fomentar marcos jurídicos e institucionales sin estereotipos de género que permitan favorecer el derecho de las personas víctimas de violencia de género
• Mejorar los instrumentos de protección y valoración del riesgo de las personas víctimas de violencia de género.
• Integrar un enfoque de Derechos Humanos, interseccional que permita abordar necesidades específicas de diversas poblaciones (rurales, con discapacidad, personas migrantes, niñez y adolescencia, LGBTI).
• Conocer estrategias, acciones, buenas prácticas que se puedan adoptar para afrontar la presión que pueden vivir los poderes judiciales al retorno del confinamiento derivado de la emergencia sanitaria covid-19.
• Reforzar la colaboración de las redes (UE/AL) que trabajan en la lucha contra las violencias de género, por ejemplo el trabajo realizado por la Red especializada en género de la AIAMP (Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos).

[1]Véase. “Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra”, Declaración de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Noticias, ONU Mujeres, 6 de abril de 2020. Disponible en Internet: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic Véase también. “La violencia de género es una pandemia mundial”, Noticias, Reportajes, ONU, 25 de noviembre de 2016. Disponible en Internet: https://news.un.org/es/ audio/2016/11/1418021

[2] Idem.

[3] Véase. (DES)Protección Judicial en tiempos de COVID-19, Equis Justicia para las Mujeres, México, 2020, p. 7. Disponible en Internet: https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/DESProteccion_Informe.pdf

[4] “Los estados deben combatir la violencia doméstica en el contexto de las medidas de emergencia de COVID-19 - experta de la ONU”, Sala de Prensa, Comunicados Internacionales, ONU-DH, México, 27 de marzo de 2020. Disponible en Internet: http://hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1390:los-estados-deben-combatir-la-violencia-domestica-en-el-contexto-de-las-medidas-de-emergencia-de-covid-19-experta-de-la-onu&Itemid=266

[5] Véase. JOHN, N, CASEY, SE, CARINO, G, MCGOVERN, T., Lessons Never Learned: Crisis and gender‐based Violence, Developing World Bioeth, 2020. Disponible en Internet: https://doi.org/10.1111/dewb.12261

[6] Idem.